Enric I. Canela

Avui l’OCDE ha publicat un estudi sobre l’economia espanyola.

En un apartat el titula ¿Cómo aumentar la capacidad de la economía para innovar? És detacable el comentari:

No obstante, se requiere una cuidadosa evaluación de la efectividad de los diferentes tipos de incentivos financieros empleados. La promoción de centros tecnológicos, que dependen de la demanda de los usuarios finales, es una forma útil de fomentar una cultura de innovación limitando al mismo tiempo los riesgos de despilfarro. Una mayor transparencia y coordinación de los programas articulados por los gobiernos central y autonómicos evitaría duplicidades, facilitaría el acceso de las PYMES a la información y reduciría el riego de que estas medidas se convirtiesen en meras políticas industriales en favor de empresas locales.

En un altre apartat titulat ¿Cómo mejorar la calidad del sistema de educación? Mostra la preocupació per la situació de la Formació contínua. Relativa a aquesta diu:

Sin duda, una financiación conjunta empresas/gobierno de proyectos específicos de formación continua contribuiría a asegurar la eficiencia de dicho gasto. Más en general, se necesita un mayor esfuerzo por mejorar el funcionamiento de los mercados de formación, mejorando el sistema de reconocimiento de cualificaciones y un acceso más sencillo a las excedencias laborales por motivos de formación.

En el tema d’universitats posa el dit a la nafra quan diu:

Recientemente se han impulsado también medidas de reforma de la educación universitaria con el fin de mejorar los resultados relativamente pobres que España obtiene en las comparaciones internacionales o, más indirectamente, en las tasas privadas de retorno de la educación universitaria, que son inferiores a la media. Hace falta pasar de un sistema basado en la regulación de los recursos (inputs) aportados al sistema educativo, a otro basado en una mejor evaluación de los resultados obtenidos según los distintos mecanismos de financiación aplicados. La propuesta del gobierno aumenta acertadamente la independencia de las universidades, especialmente en lo relativo a personal y planificación de currículo, y trata de fortalecer la evaluación del rendimiento. Con este objetivo, se está revisando la información estadística sobre el funcionamiento y el rendimiento de las universidades para facilitar el proceso de evaluación, mientras también está prevista una amplia difusión de esta información. Asimismo, se mejorará el sistema de evaluación de la investigación, con vistas a promover, mediante incentivos financieros, la investigación aplicada y la transferencia de conocimientos y tecnología a las empresas. Estas propuestas, que se encuentran en trámite parlamentario, son encomiables. La evaluación es vital para fomentar la comparación, aumentar la posibilidad de discriminación entre carreras universitarias y estimular la competencia y la movilidad de los alumnos. En este sentido, el aumento previsto de becas y préstamos amortizables en función de los ingresos también es bien recibido, pero debería complementarse con una subida de las tasas universitarias, que sería una útil adición a los recursos, bastante limitados, del sector de educación terciaria.

Es probable que esta reforma encuentre alguna oposición, procedente, en primer lugar, de algunos miembros de la propia comunidad académica reacios a la propagación de una cultura de evaluación. Sin embargo, las universidades deben ir más allá de los intereses particulares de la comunidad académica y su propia esfera, y tratar de satisfacer mejor las necesidades de la sociedad, especialmente de las empresas. En segundo lugar, debe asegurarse que el marco descentralizado del sistema español, en el que las Comunidades Autónomas controlan y financian las universidades, no obstaculiza el desarrollo de una cultura de evaluación y competencia a escala nacional. El fomento de una emulación saludable es necesario para obtener mayores rendimientos de la inversión en capital humano y crear centros atractivos – también para los investigadores y alumnos extranjeros – como ha sucedido con las escuelas de negocios. Por último, el punto de vista, ampliamente difundido, de que la universidad es un servicio público al que todo el mundo tiene derecho también podría ser un obstáculo para la subida de las tasas universitarias. Sin embargo, el aumento de las tasas puede justificarse tanto sobre la base de la equidad como de la eficiencia. A pesar del nivel comparativamente bajo en España antes mencionado, la educación terciaria produce notables rentabilidades privadas y sociales y, como en otros países, pocos de los que asisten a la universidad proceden de hogares infraprivilegiados. Además, unas tasas más altas también animarían a los estudiantes a sacar el máximo partido a sus estudios y a terminarlos antes.

El document es força interessant.

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